Declaración de las organizaciones, Agrupación Militantes Guevaristas, Comuna, Colectivo Militante, integrantes del bimestral EN LUCHA, respecto a la coyuntura electoral

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24.Oct.14 :: General

Variedad de ofertas, en un solo modelo.



1. En el tramo final. A José Mujica le resta poco tiempo de gestión. El 1° de marzo de 2015 deberá pasarle la banda presidencial a su sucesor. Tan solo unos meses atrás pocos dudaban sobre el favorito a recibirla. Tabaré Vázquez lucía como un “acorazado insumergible” y se encaminaba a obtener, por segunda vez, el máximo trofeo de Estado. A menos de 45 días para la elección, todas las certezas se esfumaron. “Es impredecible”, dicen los mercachifles que encuestan la “opinión pública”. Si bien ahora pronostican lo que cualquier observador atento -de la realidad política y social-, podía intuir: la pérdida de mayoría parlamentaria del progresismo en octubre y un balotaje en noviembre, seguramente entre el Frente Amplio y el Partido Nacional.

Los sondeos que indican un “final abierto” irritaron al oficialismo. Sobre todo por los datos que divulgan: perdió adhesiones entre los sectores de “clase media baja” y en el interior del país; apenas creció en las capas sociales más pobres y en la fuerza de trabajo precaria, “beneficiarias” de los planes de asistencia social; ya no recluta -como en el pasado- entre la mayoría de jóvenes que votan por primera vez; y los “votos prestados” (mayoritariamente colorados) que le permitieron al Frente Amplio triunfar en 2009, vuelven a estar en disputa.
Todos coinciden. La zafra electoral se recoge en el 15% de los votantes. Se trata de una “masa de voluntades” que manifiesta diversos grados de “indefinición ideológica”, “escepticismo político”, y una carga de latente descontento por diversos factores: inseguridad, impuestos, educación, salud, transporte, vivienda. En esta masa donde se incuba un “malhumor soterrado”, pueden encontrarse a trabajadores, cuentapropistas, micro y pequeños empresarios, “gente de campo” y jubilados. Todos calificados de “centro”. A quienes no les valen las diferencias políticas entre los competidores presidenciables sino “quien va a empujar el carro”. Porque deducen (con buen ojo), que “no son tan distintos”.
Allí están los votos a captar. Hay que cortejarlos y prometerles. Empezando por el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas). Unos y otros anuncian “ajustes” en su franja no imponible. Se busca una “alivio tributario a la clase media”, afirma Tabaré Vázquez. Lo mismo anuncian Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry. Apenas se diferencian en los detalles y, cuando mucho, en los plazos a realizarlo.

2. El Frente Amplio reclama el voto porque “Uruguay no se detiene” (abandonando el “vamos bien” con que comenzó la campaña); el Partido Nacional quiere “un país en el que sea lindo vivir”, apostando por las “coincidencias positivas; el Partido Colorado insiste con el “vivir en paz” (ya que su candidato, Pedro Bordaberry, es el paladín de bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Mientras que el Partido Independiente apela a su raquítico electorado con un “cambiá sin volver atrás”. Es parte del juego electoral. Donde oficialismo y oposición alimentan la intoxicación política disfrazada de “pugna democrática”.
No obstante, el fondo de la cuestión es otro. Las ofertas varían, pero el modelo es uno solo. Porque la competencia político-electoral en curso es entre opciones situadas en el campo del orden capitalista. Opciones que, sustentándose en alianzas políticas y fuerzas socio-económicas distintas, defienden, por igual, el mismo sistema: basado en la apropiación privada del trabajo social, piedra fundamental de la acumulación capitalista; en la reproducción de las condiciones económicas de explotación de la clase trabajadora que terminan fabricando “excluidos” y “menores infractores”; en la subordinación del país a los intereses de las empresas transnacionales; en el acatamiento a las instituciones financieras de la mundialización imperialista; en el respeto a los “compromisos asumidos” con los acreedores internacionales. Opciones que, por otra parte, defienden los pilares centrales del régimen de dominación: la arquitectura institucional antidemocrática y el fortalecimiento del aparato represivo.
En los años ’80 y ’90, los gobiernos de colación de colorados y blancos, sentaron los principios rectores del “modelo neoliberal”. Distintas leyes diseñaron la matriz: Ley Forestal, Ley de Inversiones, Ley de Zonas Francas, Reforma de la Seguridad Social, Ley de Puertos. Rigen has hoy. Ninguna fue derogada en lo que va de la “era progresista”, pese a que el Frente Amplio cuenta con mayoría parlamentaria desde el 1° de marzo de 2005. El proyecto de “país productivo” -que pintaron como “pos-neoliberal”- no solo las ha resguardado (con pequeños retoques en algunas de ellas), sino que las reivindica (con indisimulado énfasis) a la hora publicitar la “solidez” y el “éxito” de su programa económico.

3. En medio de la campaña electoral, sucesivos hechos vienen a desmentir -como si hiciera falta- el cuento de la “polarización” entre “dos proyectos de país”. 1) Mujica va a Finlandia. Tratará de “convencer” a la Kymmene Corporation (transnacional finlandesa de celulosa, conocida habitualmente como UPM, ex Botnia), para que instale su segunda fábrica pastera en Uruguay. 2) El lunes 8 de agosto, inaugurando -junto a varios de sus ministros y dirigentes del PIT-CNT- el funcionamiento de Montes del Plata (propiedad de Arauco-Stora Enso, transnacional chilena-sueco-finlandesa de celulosa), calificó el acontecimiento como “un salto del Uruguay”, y agradeció “la generosidad de la empresa” por construir “casitas decentes y abrigadas a las mujeres pobres llenas de hijos”. (El País, 9-9-2014) 3) Tabaré Vázquez dio inicio a sus “teleconferencias” electorales con panelistas e invitados especiales, casi todos “agentes económicos” influyentes: entre ellos, nada menos que el empresario Gustavo Grobocopatel, considerado el “rey de la soja” (transgénica) en Argentina, con inversiones millonarias en Uruguay. 4) Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) anunciaron que “están prontas para invertir 5.000 millones de dólares en obras de infraestructura pública”, gracias a que la Ley de Participación Público-Privada (PPP) -aprobada en el Parlamento por todos los legisladores frenteamplistas, blancos, colorados e independientes-, les permite “invertir” hasta el 50% de sus fondos. Buena noticia: el capital financiero echará mano de los ahorros de los futuros jubilados…para que no se “desvaloricen”.
Años atrás, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, demandaban la eliminación lisa y llana de las AFAP. Ya con el gobierno del Frente Amplio, el volumen del griterío se fue apagando, para terminar conformándose con la posibilidad de la desafiliación individual. A siete meses de aprobada la ley, los dueños del dinero ajeno enarbolan satisfechos un “balance positivo”: por cada desafiliado, hubo cuatro nuevos ingresos. Lo que da una medida exacta del sindicalismo gubernamental; que había anunciado con bombos y platillos la realización de una “gran movilización nacional” para “concientizar” a los trabajadores e impulsarlos a desafiliarse de las AFAP.

4. Gane quien gane el modelo no corre peligro. El programa del nuevo gobierno será certificado por el FMI, el Banco Mundial, las corporaciones patronales. Tal cual ha venido ocurriendo. Porque la ecuación progresista del “país productivo” se ha resumido a prolongar lo que venía de las “décadas neoliberales” Es la misma matriz: agro-exportación; concentración-extranjerización de la tierra; instalación de multinacionales forestales, sojeras y mineras; exoneraciones tributarias al gran capital local y transnacional; refugio para lavado de dinero; endeudamiento externo y sometimiento a las instituciones financieras internacionales.
No hubiera sido necesario que lo aclarara, pero lo hizo. La candidata a ministra de Economía por el Partido Nacional, Azucena Albeleche, adelantó cuál sería su manejo de la economía: “Acá no hablamos de cambios espectaculares. Hay cosas que se han hecho muy bien en el último gobierno y sobre esas cosas hay que basarse para seguir mejorando. Hay que continuar con lo que se está haciendo bien y mejorar en otros aspectos”. (Entrevista en El País, 22-8-2014). La señora conoce el paño: fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Empezó en el gobierno de Jorge Batlle, siguió en los de Tabaré Vázquez y José Mujica. Dejó su cargo apenas hace unos meses, elogiada por todas las autoridades económicas del gobierno.
La “continuidad macro-económica” es una “política de Estado”. De forma tal que a nadie puede extrañar que Tabaré Vázquez haya designado, nuevamente, a Danilo Astori como su ministro de Economía para el caso de repetir la presidencia de la República. En todo caso, volverán a quedar en falsa escuadra aquellos que en el campo progresista (sectores del MPP, el Partido Comunista, la senadora Constanza Moreira y su club de amigos, dirigentes del PIT-CNT, y hasta la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay), irradiaban la fantasía de un “gobierno en disputa” y demandaban (con poquísima convicción, hay que decirlo) un “giro a la izquierda”.

5. Es verdad que los trabajadores y las capas sociales más pobres, nada tienen que esperar de aquellos que, como el Partido Nacional y el Partido Colorado, hundieron al país en la peor de la crisis económica, generando una escandalosa caída del salario, un masivo desempleo y una espantosa miseria. Sus programas actuales, revestidos de un lenguaje “positivo” y “renovador” continúan en la línea de la derecha más tradicional y reaccionaria. De volver al poder, gobernarán asociados, como siempre lo hicieron: en función de los intereses de las clases propietarias locales y del capital imperialista. Por más que ahora digan que mantendrán lo que “se hizo bien” durante los gobiernos del Frente Amplio. Cualquiera puede deducir que intentarán “equilibrar la balanza” (a favor de los patrones) en el terreno de los Consejos de Salarios y las relaciones laborales en general. En materia de seguridad pública, no solamente apoyan la baja en la edad de imputabilidad, sino que proponen “mano dura” y mayor criminalización de la pobreza y la protesta social.
Pero tampoco hay que esperar nada nuevo (o sustancialmente distinto y mejor) de un tercer mandato del Frente Amplio. En su horizonte estratégico no se contemplan transformaciones estructurales, ni reformas más o menos “radicales”. Su abdicación a la lógica de la economía de mercado es completa. Por eso es una fuerza del orden del capital. El progresismo como corriente política sistémica, que ha dado continuidad al “modelo conservador” -utilizando sus vínculos históricos con la izquierda y su anclaje en el movimiento popular- entró, definitivamente, en declive.
Puede, sin duda, volver a ganar las elecciones. Mantiene una hegemonía incontestada en los sindicatos y en los movimientos sociales; cuenta con amplias adhesiones en el mundo académico y entre los medios masivos de comunicación (prensa, radio, televisión) Y, sobre todo, dispone a su antojo (como antes colorados y blancos) los recursos materiales que brinda la maquinaria de Estado, factor esencial para galvanizar el clientelismo. Aunque el Frente Amplio ya no concite las esperanzas de “cambio”, ni la movilización social, ni los entusiasmos políticos, ni la militancia organizada; podrá volver a beneficiarse de un resignado voto útil por la “conjetura menos mala”. Agitando con fuerza el fantasma de la “restauración neoliberal”.
En materia de seguridad pública, el progresismo no se deja correr por la derecha. Los datos son inequívocos. Perfeccionamiento del aparato policial vía un crecimiento exponencial del presupuesto, lo que permite desplegar un estrategia de “prevención” (hostigamiento) y represión. Impunidad para los “excesos” (infiltraciones, torturas, corrupción, crímenes) que cometen sus efectivos. Aumento de las penas, con la complicidad del Poder Judicial. Cárceles superpobladas que albergan en condiciones infrahumanas a más de 10.000 presos, la mayoría “primarios” y menores de 35 años. Adolescentes encerrados y torturados en los centros del SIRPA (Sistema de Responsabilidad de Responsabilidad Penal Adolescente y del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay), considerados por la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, Rosa María Ortíz, como verdaderos “campos de concentración”.
Como es una de las principales “demandas de la sociedad”, el Frente Amplio ajusta la estrategia para “combatir la inseguridad”. Entre los nuevos “asesores” de Tabaré Vázquez en la materia se encuentra la nueva adquisición llegada del Partido Colorado: Daniel Borrelli, ex jefe de Policía en el departamento de Salto y ex ministro del Interior en el gobierno de Jorge Batlle; definido en su momento como un “fiscal represor” por organizaciones de derechos humanos, este fascista defiende la baja en la edad de imputabilidad, se opone a la legalización de la marihuana, y es un fanático de la “tolerancia cero” porque “hay que perseguir hasta el robo de una gallina”. (Entrevista en Búsqueda, 28-8-2014)

6. Debe reconocerse de todas maneras. El progresismo ha hecho un esfuerzo por mitigar la miseria. En “repartir algo” y “contener socialmente”, como le gusta decir al jefe de Estado. Focalizó nuevos planes asistenciales y aumentó los recursos presupuestales del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social). Extendió las asignaciones familiares a los trabajadores que menos ganan; creó programas de empleo (temporal); y segura una canasta básica de alimentos a través del INDA (Instituto Nacional de Alimentación) para que nadie se muera de hambre. No deja de ser importante, si tenemos en cuenta lo que nos dice Julio Marenales, el “tupamaro histórico” que posa de izquierdista: “los más vulnerables” reciben agradecidos la “ayuda” que venga de cualquier gobierno. Está en su naturaleza desclasada: “a los muy pobres no les interesa la política y por supuesto ni la democracia, ni el socialismo”. (Mate Amargo N° 17, edición digital, marzo de 2014) Bueno saberlo, a la hora de buscar el “sujeto social” de la revolución. El antiguo guerrillero, por lo menos, avisa donde no habría que ir.
Sin embargo, el aumento tanto del “gasto social” como de la cantidad de “beneficiarios”, ha sido más que insuficiente para disminuir la pobreza. No hablemos de “erradicarla”. Según el gobierno, 900.000 personas “salieron de la línea de pobreza” en los últimos nueve años; los pobres serían 8,1% de la población total. Las cifras, por supuesto, ocultan la verdadera dimensión del drama social. Un estudio concluye que a los 281.000 pobres del “núcleo duro” que registra el MIDES, hay que agregarle cuando menos, 380.000 personas. “Riesgo de pobreza” que puede resultar de “cualquier tropiezo” o bien el ciclo de “bonanza económica” empiece (como ahora) a mostrar signos de debilitación. En tal caso, la línea divisoria entre pobres reales y pobres “potenciales” deja de ser tenue y se borra. (Instituto de Ciencia Política, Udelar, noviembre 2012). Por su parte, el trabajo “Medición de la pobreza infantil en Uruguay”, sostiene que, según la medición del INE (Instituto Nacional de Estadística), la pobreza ha bajado, pero aclara que eso se deduce tomando en cuenta únicamente “la dimensión monetaria”. Si a la variable económica se le agregan los datos de las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que tomó el Censo de 2011, las cifras de pobreza trepan al doble. De acuerdo con el INE, 27,3% de los niños de 0 a 5 años estaban en “situación de pobreza”; pero si se contemplan las NBI, la pobreza afecta a 49,2% de la población infantil. (Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza de la Udelar, 2014)
Algo similar ocurre en el sistema de enseñanza que, en el discurso frenteamplista, iba a “cerrar la brecha social” asegurando la “inclusión”. El 50,3% de las capas más ricas de la sociedad completa la educación de nivel terciario; el 60% de las capas más empobrecidas de la sociedad no culmina la educación primaria. Esta “desigualdad simétrica” entre ricos y pobres representa un mapa indicativo de la “desigualdad educativa” que, luego, se traduce en analfabetismo funcional y precariedad laboral. De acuerdo con los datos oficiales, el 38% de los jóvenes de 15 a 20 años de edad no concurren a ningún establecimiento educativo. Siete de cada diez de estos jóvenes pertenecen a “hogares de bajos recursos”. (Anuario Estadístico divulgado por el Ministerio de Educación y Cultura el 26-12-2012)
Basta dar una mirada a la periferia urbana y suburbana para registrar el paisaje de la “vulnerabilidad social”. En los “asentamientos irregulares” viven 213.000 personas. La mayoría en Montevideo: más de 132.000 personas, alrededor del 10% de la población. Sin mucha diferencia con los viejos “cantegriles”. Allí se concentra el “pichaje”, según la estratificación social que ficha la Policía.
La precariedad salarial está fuera de discusión. Según un informe del INE (agosto de 2014), el ingreso medio per cápita corriente sin aguinaldo, se ubica en $ 14.843 (alrededor de 600 dólares). Hasta las cúpulas sindicales lo reconocen. Hace falta un “sacudón”, dice Fernando Pereira, uno de los coordinadores del PIT-CNT: “porque hay todavía” 800.000 trabajadores que perciben menos de $ 15.000. Es decir: el 50% de la fuerza laboral gana menos de dos salarios mínimos mensuales. Por eso, la central sindical propone a los candidatos presidenciables “llevarlo a $ 16.000”. Con una precisión: “no lo planteamos de golpe”. Tabaré Vázquez recogió el guante: habrá un “aumento gradual” del salario mínimo nacional. Otro reclamo en la plataforma electoral del PIT-CNT, es la suba del mínimo no imponible para el cobro del IRPF a alrededor de $ 25.000 (hoy está en $ 19.733) y desgravarlo de aguinaldos y salarios vacacionales. A pocos días de las elecciones, el sindicalismo progresista se acordó de que “los que más tienen más deben aportar” para “achicar la brecha entre ricos y pobres”.
Poco creíble esta erupción reivindicativa de los burócratas. Si consideramos que durante estos años de “gobierno compañero” el aparato del PIT-CNT no ha hecho otra cosa que consentir la política económica del Frente Amplio. Su lema “No somos neutrales ni indiferentes”, lejos de afirmar una posición de autonomía política e independencia de clase, convalida la estrategia de subordinación al partido de gobierno. La relación contractual (negocios entre sindicatos y ministerios, maridaje con empresas privadas), el fenomenal proceso de corrupción y tráfico de influencias (Plan de Vivienda Sindical, Salud Pública, Registro Civil, etc.), o la complicidad de sus dirigentes con las torturas en las cárceles de menores, muestran, en definitiva, las consecuencias destructivas de un sindicalismo de prebendas, gerencial, entrelazado al aparato de Estado.

7. Lo sabemos. A la hora de votar, una mayoría de trabajadores (que no pagan el IRPF), y de las capas más pobres, lo harán por el progresismo. Pondrán en la balanza cuestiones muy concretas e inmediatas. Se decidirán por conservar los “avances” de estos años de “hegemonía popular”. En su imaginario, es la única opción válida para evitar el peligro de “restauración neoliberal”.
De nuestra parte, la decisión es protestar y continuar luchando. En ningún caso, ni en octubre ni en noviembre, daremos un voto por el “mal menor”. Es una decisión fundamentada por el camino de pronunciamientos y acciones militantes –recorrido junto a otras fuerzas anticapitalistas- en este período de contrarrevolución progresista. Por tanto, acompañaremos a los compañeros y compañeras que componen un “espacio radical” que va desde el Voto Nulo al Voto en Blanco. Habrá otros compañeros de este mismo espacio que darán su apoyo a las opciones de izquierda que se presentan a las elecciones: el Partido de los Trabajadores y la Unidad Popular. Una decisión que respetamos.
Asumimos, claro está, nuestra cuota de responsabilidad. La ausencia de una expresión unitaria de las fuerzas que se reivindican del clasismo, el antiimperialismo, el socialismo revolucionario, hacen más evidentes la dispersión, la frágil implantación social y la orfandad estratégica de un campo integrado por miles de luchadores y luchadoras. El balance es inocultable: no avanzamos en la “disputa hegemónica” con el progresismo. Ni en la construcción de nuevos instrumentos de organización en los movimientos sociales, ni en referencias claras sobre un nuevo proyecto político. Todo lo que indica un grave retroceso político.

No obstante, subyace en sectores de esta izquierda y del sindicalismo clasista, un debate respecto a las perspectivas de la unidad revolucionaria. Para los firmantes de esta declaración, integrantes del bimestral En Lucha, la cuestión de esa unidad debe ser pautada, fundamentalmente, desde las luchas sociales y los movimientos de resistencia. Desde los intereses de la clase trabajadora, para modificar las relaciones de fuerza entre trabajo y capital.

Este desafío político se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestra actividad militante. Se trata de contribuir a la construcción de una fuerza organizada, consistente en términos de apoyos sociales, unitaria en la acción y en el programa. Para que, en definitiva, las consecuencias de la política económica (cualquiera sea el color del gobierno) no la sigan pagando los trabajadores y las capas sociales más empobrecidas.


Agrupación Militantes Guevaristas, Comuna, Colectivo Militante
Montevideo, 15 de setiembre de 20014

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