Declaración ante el genocidio en las cárceles uruguayas

16.Jul.10 :: General

Ante la reciente masacre en la cárcel de Rocha donde fueron asesinados 12 presos sociales, la Comisión Unitaria Ejecutiva de COMUNA (Comisiones Unitarias Antiimperialistas Artiguistas) se pronuncia.



Ante la reciente masacre en la cárcel de Rocha donde fueron asesinados 12 presos sociales, la Comisión Unitaria Ejecutiva de COMUNA (Comisiones Unitarias Antiimperialistas Artiguistas) en su sesión ordinaria del jueves 14 de julio 2010 (COMUNA) considera:

1) Que la mayoría del conjunto de los miembros del Gobierno Progresista son ex presos políticos de varias cárceles de nuestro país, de cárceles de Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Colombia, etc., (Mujica, Agazzi, Bonomi, Rosadilla, etc.) o sea que conocen con sus propias experiencias los sistemas carcelarios de presos sociales y políticos, tanto de los procesos democrático-burgueses recortados o “dictablandas” (períodos de Pacheco Areco y Bordaberry) como los de los regímenes terroristas de estado, lo que agrava las responsabilidades de los jerarcas ante el criminal hecho perpetrado por el estado.

2) Que los presos políticos de la década del 60 y 70 (la mayoría de los jerarcas del actual gobierno) fueron derivados a Cárcel Central, Cárcel de la calle Miguelete y posteriormente a partir de 1969 concentrados en el Penal de Punta Carretas y las mujeres hacia Cárcel Central y la Cárcel de la calle Cabildo. Conviviendo junto a los presos de origen social en el sistema carcelario y motivando por parte de los presos políticos las denuncias de violaciones de DDHH, en las capturas con golpizas, y en algunos casos ajusticiamientos, también arrestos arbitrarios, robos en los allanamientos, interrogatorios con torturas, violaciones a compañeras y compañeros, amedrentamientos a los familiares, violaciones a los derechos procesales de reclusos (años sin condena), etc., todo ejercido por la policía “institucional y constitucional”, a las cuales se sumaban las denuncias de la situación carcelaria de la mayoría de los presos “sociales”, tales como el hacinamiento, jueces que vendían los procesamientos, las condenas y las libertades anticipadas donde cada delito tenía un precio. La posibilidad de zafar de arrestos mediante coimas por la corrupción policial, la falta de atención médica y de medicamentos, la falta de prevención y cuidado a los tuberculosos y sifilíticos, el tráfico de la comida, el robo de los abastecimientos, los abusos en las requisas en las celdas con o sin “embagayes”. Las requisas indignantes y los acosos sexuales a los familiares, la corrupción de la guardia que introducía alcohol y droga, la rifa de los presos nuevos para ser violados dejando las puertas de las celdas sin tranca la noche de su llegada. Los pasajes al calabozo en forma arbitraria para descomunales palizas, las muertes por encargo, el traslado de reclusos de un sector carcelario a otro, donde les esperaba la muerte por venganzas juradas de miembros de una misma banda o de otras, los incentivos al “buchón” y al alcahuete, etc.

3) Que tras cinco años de gobierno progresista, con crecimiento sostenido de la economía, con montos siderales e históricos de pago de intereses y amortizaciones de deuda externa, votación de presupuestos de ingresos de privilegio a ministros, senadores, diputados, directores de entes, directores políticos y jerarcas del estado, concesiones millonarias en dólares a empresas privadas, con tercerizaciones de todo tipo del patrimonio estatal y municipal, adjudicación a empresas extranjeras de patrimonio y soberanía nacional, todo en un mar de corrupción y coimas denunciadas ante la justicia y otras observadas por el Tribunal de Cuentas y desconocidas por el gobierno, ¿Qué pasa con el procedimiento policial, el sistema procesal, la vida en las cárceles? Procedimiento policial, sistema procesal y cárceles todas dirigidas por ex presos políticos, ex dirigentes sindicales, ex guerrilleros, etc., que fueron los presos del ayer.

4) Que todas las denuncias efectuadas en el pasado sobre las violaciones a los DDHH mantienen plena vigencia bajo la actual administración progresista, corroboradas por las denuncias del relator de las Naciones Unidas Manfred Nowak y de la Comisión de DDHH de la OEA, en función de las denuncias de Ielsur, del Comité por los Derechos del Niño en Uruguay, de Asamblea Solidaria por los DDHH en Uruguay y otras organizaciones sociales. En ese informe se preveía posibles muertes con responsabilidad del estado si no se atendían las 20 recomendaciones del mismo, advertencia que a los pocos meses se concreta con los asesinatos en el Comcar de los cinco reclusos quemados y que con la masacre en la cárcel de Rocha, solamente en el último año han muerto 25 presos sociales. Tanto el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) como Amnistía Internacional y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) repudiaron el hecho responsabilizando al Estado por su obligación para con las condiciones de reclusión, calificadas como “de las peores del mundo” por Naciones Unidas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, hizo “un llamado urgente al Estado para que adopte las medidas necesarias para investigar debidamente estos hechos, y para prevenir su repetición”.

5) Que si este genocidio hubiera sucedido bajos los gobiernos blancos y colorados, las denuncias y movilizaciones de la izquierda exigirían la caída de ministros responsables. La concertación nacional del progresismo con la oposición en la repartija de cargos del estado, auguran un período de gobierno que se tratará de barrer bajo la alfombra las basuras políticas de la negligencia, ineptitud y corrupción de un régimen neoliberal y fondomonetarista. La hipocresía y el doble discurso son las banderas del gobierno.

6) Que en estos cinco años pagaron y adelantaron el pago de la deuda externa por unos diez mil millones de dólares, mientras que unos cientos de millones de dólares bastan para un plan nacional de viviendas populares para erradicar asentamientos, dando trabajo a los propios interesados que se encuentran marginados y desocupados. Generando trabajo con un salario mínimo de media canasta familiar (17 mil pesos). computando como tiempo de trabajo las horas de estudio incluyendo incentivos materiales para quienes aprobaran los cursos, todo en medio de un apoyo profesional de la asistencia social, atacando las causas y no generando los viejos mecanismos de represión del estado sobre las consecuencias, como se pretende con más cárceles, más represión (nuevos destacamentos y la participación del ejército) y el amparo al “gatillo fácil.
Por lo expuesto, COMUNA declara:

a) Su más profundo repudio y condena al gobierno de Mujica, único responsable de la masacre cometida y que diariamente se continúa con la represión sobre un millón de orientales “sin más delito que su pobreza”.
b) Exigir la renuncia de los responsables políticos de la seguridad en las cárceles (Ministro y Subsecretario del Interior), así como la investigación, juicio y castigo de los responsables directos de la masacre.
c) Su solidaridad con las legítimas demandas y justa lucha de los presos sociales ante la violación de sus derechos.
d) Mientras estemos bajo una sociedad capitalista, una sociedad dividida en clases, el estado es un instrumento de opresión. Es una necesidad impulsar una política independiente de la clase trabajadora y demás sectores populares, levantando sus propias organizaciones que eliminen la conciliación de clases, levantando un programa de soluciones populares hacia los objetivos de LA REVOLUCION Y EL SOCIALISMO

14 de julio 2010

COMUNA (Comisiones Unitarias Antiimperialistas Artiguistas)

barrapunto  Tuenti  twitter  facebook  Meneame  google