Editorial Construyendo N° 41

28.Nov.10 :: General

Editorial: Anulación de la Ley de Impunidad: una cuestión de clase



La democracia burguesa para la clase trabajadora

No existe la democracia en general, la democracia en esta época histórica del sistema capitalista es una democracia burguesa y caracterizada por la ideología de los trabajadores como una dictadura de clase burguesa disfrazada. La dictadura del capital se refleja en que son los dueños de las tierras, bancos, fábricas, grandes empresas, medios de comunicación; la alta oficialidad de los instrumentos de represión ( Policía y Ejército) son nombrados bajo anuencia de dos tercios del senado, la justicia responde centralmente en todo su articulado en la defensa de la propiedad privada de los ricos, pues los pobres pocos bienes personales detentan, etc.
En la historia de la lucha de clases de nuestro país, los golpes terroristas de estado a favor de la burguesía, sin contar las luchas interburguesas desde Rivera contra Oribe en las raíces de la República hasta Aparicio Saravia contra José Batlle y Ordoñez a principios del siglo XX, han sido contra los trabajadores de la ciudad y el campo, han sido tres y qué casualidad en tres crisis económicas del sistema capitalista (1880 con Latorre, Santos y Tajes; 1933 de Gabriel Terra y 1973 con Bordaberry y las FFAA).
El estado, en una sociedad de clases, es el instrumento de opresión de la clase dominante, y en nuestro país, siempre lo ha utilizado la burguesía aliada a los imperialismos de la época para sojuzgar a los trabajadores, ya sea mediante el proceso democrático de consenso (Elecciones), regímenes especiales mixtos como Medidas Prontas de Seguridad o Estado de Sitio y francamente dictatoriales con los golpes de estado.
Los crímenes de la Dictadura Terrorista de Estado han sido contra la clase trabajadora y demás sectores populares. Las denuncias prueban fehacientemente que los detenidos, despedidos, exiliados, presos, asesinados y desaparecidos pertenecen a luchadores de las filas del pueblo organizado. Las familias tradicionales de la riqueza en nuestro país no revistan en las filas de los presos, exiliados, asesinados o desaparecidos.
La exigencia de la anulación de la ley, la exigencia de juicio y castigo, la exigencia de no olvidar ni perdonar, es una cuestión d e clase. Ese es el verdadero contenido, por el cual la ley debe ser anulada. Es la demanda de juicio y castigo de la clase trabajadora por los delitos de lesa humanidad, es nuestra justa lucha, una especie de cobranza a cuenta de una injusticia mucho mayor, cotidiana y permanente de la explotación de la clase trabajadora por el parasitismo burgués. Más allá de constituciones, leyes, plebiscitos y exigencias de organismos internacionales de DDHH que se remiten a la forma, lo que importa es la esencia de la demanda, la justicia popular.

Los orígenes del Proyecto

El plebiscito del 25 de octubre contra la impunidad cosechó una derrota electoral fríamente calculada desde hace muchos años por la conducción socialdemócrata del progresismo. Se inicia con el Pacto del club Naval y sus sesiones secretas sin actas, donde se comprometió el progresismo al olvido y al “perdón”. . Las consignas de juicio y castigo fueron desmontándose por verdad y justicia hasta la “solicitud” de saber la Verdad. Los responsables del golpe terrorista de estado (imperialismo, oligarquía y FFAA) fueron interlocutores válidos para el progresismo. La conducción del MLN- Tupamaros en un maridaje degradante con los Tenientes de Artigas, sector de las FFAA especializado en las torturas. La conducción del Partido Comunista con Ministerios en el gobierno progresista neoliberal y fondomonetarista, aceptando los tratados de Protección de Inversiones y Libre Comercio, el envío de tropas nacionales a los enclaves de intervención imperialista (Haití y Congo). Dirigentes Comunistas empeñados en educar a la clase trabajadora en la conciliación de clases y el pacto social, la domesticación ante el imperialismo y que los organismos financieros internacionales han cambiado “para bien”.
El ablandamiento de la lucha contra la impunidad integrando la Comisión de la Paz inventada por Jorge Batlle. Las bancadas de senadores y diputados votando ascensos a militares comprometidos con la violación a los DDHH, Tabaré Vázquez aceptando Comandantes en Jefe implicados en vuelos de la muerte y eligiendo el 19 de junio y buscando la “complicidad” de la figura de Artigas para el “Punto Final”.
La condena al gobierno progresista de organismos internacionales de DDHH ( Naciones Unidas y OEA) por su política de cárceles, generando en la ciudadanía que violar los DDHH no es tan grave, hasta los progresistas lo hacen. Terminando los candidatos del FA ignorando el tema de la impunidad en la campaña electoral hacia las elecciones de octubre.
Los mensajes de Mujica hacia las FFAA como garantes del proceso democrático, las visitas a los cuarteles, la liberación de los genocidas mayores de 70 años, el intento de dar vuelta esa página de la historia, etc.

¿ Por qué los cómplices de la impunidad, en la cruzada de su eliminación?

La verdad sobre los detenidos desparecidos lleva décadas de investigación. Persiste el pacto de silencio desde el Club Naval y todos los gobiernos, con matices, han sido cómplices de la impunidad. Dos restos de desparecidos en nuestro país han sido encontrados.
El gobierno progresista servil a los intereses imperialistas, que tuvo antes los votos en mayoría de las cámaras legislativas como ahora en el 2010, pudo anularla a partir del 2005 , no lo hizo y además saboteó el plebiscito de octubre del 2009 ¿por qué efectúa esta ley interpretativa de la impunidad?
Simplemente para sortear la condena de la Corte Internacional y no quedar marcados como regímenes condenados por la violación de derechos humanos como por ejemplo, Colombia. Esta discusión parlamentaria, sin un debate nacional, fruto de componendas a espaldas del pueblo, se viene como anillo al dedo para sacar una ley que quede luego en agua de borrajas. Y hay sectores dentro del Frente Amplio que ni siquiera están dispuestos a eso, como el CAP-L de Huidobro que sale a defender públicamente el mantenimiento de la Ley de Impunidad tal cual está.

Este gobierno y la falsa oposición de los partidos tradicionales no tienen moral, por ser cómplices de la impunidad, para garantizar el juicio y castigo de los 400 torturadores y genocidas que andan sueltos. Los mismos que pactaron y transaron no son confiables, son oportunistas, viven de la coyuntura, no se manejan con principios. No respetaron constituciones, dieron golpes de estado, no respetaron plebiscitos, efectuaron leyes anticonstitucionales, no respetan las vigentes, de empleo, salario digno, vivienda y educación como lo establece la constitución. Todos los días se violan los derechos de los trabajadores, los juzgados están repletos de demandas y juicios laborales. Se arrodillan ante el gran capital, y son soberbios con los trabajadores.
La actual conciencia popular contra la impunidad fue registrada con un millón de votos en octubre del 2009, a pesar de las trabas. Los logros de los pocos genocidas presos en cárceles vip, el rescate de los restos de detenidos desaparecidos son fruto de la movilización popular y ese camino es el auténtico y único a transitar.

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Publicado en CONSTRUYENDO N°41. Octubre-Noviembre 2010

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